Estiman el coste de la atención a las personas dependientes

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales temas de política social de los países desarrollados.

El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, requieren apoyo para poder realizar las actividades habituales de la vida diaria (levantarse de la cama, asearse, comer, etc.), alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

Con la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), desde 2007 en España se viene implantando progresivamente un nuevo sistema formal de protección, denominado Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que supone un nuevo paso en la profundización del estado del bienestar y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

El SAAD incluye tanto prestaciones de servicios a través de centros y programas públicos o concertados (servicio de prevención de las situaciones de dependencia, de teleasistencia, de ayuda a domicilio, centro de día y de noche, de atención residencial) como prestaciones económicas (prestación económica vinculada a la contratación del servicio cuando no se disponga de la oferta pública, de asistencia personalizada y, extraordinariamente y siempre que se den las circunstancias familiares y de otro tipo adecuadas para ello, compensación económica por cuidados en el entorno familiar).

La LAPAD establece varios grados de dependencia (moderada, severa y gran dependencia) y en cada uno de los grados distingue entre dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requieran.

Tras la optimización de la gestión

Con el fin de poner en perspectiva el reto al que se enfrenta el SAAD en los próximos años, la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales, emprendió un estudio que tenía como finalidad ofrecer una proyección del número de personas dependientes por grado y nivel para el periodo 2007-2045, así como una estimación del gasto asociado a su atención.

“Para ello nos basamos en la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), a la cual aplicamos el baremo oficial de valoración de los grados y niveles de dependencia (lo que permite caracterizar adecuadamente a los beneficiarios de prestaciones del SAAD), y en modelos de microsimulación (que hacen posible explotar la enorme heterogeneidad disponible en la muestra) para obtener resultados detallados por sexo, grado y nivel”, explica Simón Sosvilla, catedrático de Análisis Económico de la UCM y coautor del estudio publicado en la revista Gaceta Sanitaria.

De las estimaciones de los autores se deduce que la atención a las personas en situación de dependencia supone un importante reto para la sociedad española por la cuantía de las personas a cubrir (que ascenderían paulatinamente desde 923.367 en 2007 hasta 1.592.798 en 2045) y por el creciente esfuerzo económico que conlleva (de 15.017 millones de euros en 2007 a 41.926 millones de euros en 2045), lo cual debería abrir un debate sobre la manera más adecuada de financiar los servicios y prestaciones del SAAD.

La atención a la dependencia refuerza el estado del bienestar en España y pone en valor el modelo europeo caracterizado por la política social de mercado. El SAAD está llamado a constituirse en un motor de las políticas sociales en España, y su dotación no debería descuidarse en periodos de dificultades presupuestarias, sino que habría que garantizar su suficiencia actual y su sostenibilidad futura.

Además de promover la solidaridad intergeneracional y la cohesión social, el despliegue de todo su potencial constituye una gran oportunidad tanto para la generación de empleo y riqueza como para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológicos, por lo que a los recursos destinados a la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal deberíamos empezar a denominarlos «inversión social» y no «gasto social».