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La mayor parte de la comunidad científica española está ejerciendo presión en el país para cambiar el nuevo sistema de acreditación para profesores. Los científicos se quejan de que este sistema enfatiza las actividades no investigadoras, como la solicitud de patentes, las labores de gestión en las universidades y el trabajo en las agencias estatales.
En una carta dirigida el mes pasado al Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) apoyada por más de 760 científicos españoles, Joaquín Marro Borau, físico estadístico de la Universidad de Granada, expresaba su preocupación ante el hecho de que “muchos de los mejores científicos (…) no serían capaces nunca de convertirse en profesores titulares en España con esta escala de puntuación” y que muchos investigadores competentes “serán autoexcluidos del proceso”.
En el artículo que publica hoy la revista Science, la periodista Elisabeth Pain explica cómo algunos funcionarios españoles cuestionaron los motivos políticos de la carta, ya que al menos uno de los firmantes tuvo relación con el partido político de la oposición. Otros, siempre según el artículo de la revista estadounidense, han manifestado que los científicos están apresurando su valoración. “Cuando comiencen a darse las acreditaciones y los investigadores vean que su colegas las consiguen, los ánimos empezarán a calmarse”, comenta Félix Pérez Martínez, coordinador de la facultad de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Sin embargo, Marro niega cualquier motivo político de la carta. El debate sobre la acreditación comenzó en 2001, cuando España, en un intento de evitar la asignación de puestos a dedo, ordenó que los profesores aspirantes debían acreditar primero sus competencias. Pero los investigares rápidamente se pusieron de acuerdo en que el proceso tenía sus limitaciones.
El nuevo programa de acreditación remplaza los exámenes orales “con aplicaciones electrónicas más rápidas”. Pero un sistema de puntuación complejo, hecho público el pasado mes de enero, se ha situado en la línea de fuego por dar demasiado reconocimiento a las actividades no-investigadoras. Así, un candidato a profesor titular debe conseguir entre 80 y 100 puntos, aunque la investigación sólo puede proporcionar un máximo de 55.
“Los autores han malinterpretado la importancia de la escala”, explica el Secretario de Estado de Universidades, Miguel Ángel Quintanilla Fisac. Asimismo, el coordinador de la ANECA añade que los evaluadores pueden otorgar puntos a los científicos por actividades de gestión como la coordinación de proyectos europeos de investigación y participar en un consejo editorial para revistas.
Todos concluyen que el procedimiento de la revisión de la solicitud puede resultar “engorroso”, ya que los candidatos deben demostrar cada uno de sus logros con pruebas escritas. “Lo han convertido en algo tan burocrático, difícil de completar y confuso, que parece insoportable”, sostiene María Ángeles García Bach, profesora asociada de la Universidad de Barcelona.
La agencia de acreditación declara que el proceso está abierto a futuros ajustes. Por su parte, Quintanilla sostiene que “el sistema todavía necesita una mejora, por lo que habrá que trabajar con ANECA para que el sistema sea más ágil”.
La nueva institución fomentará y coordinará el uso de la evidencia empírica y el conocimiento científico para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, según el jefe del Ejecutivo.
Los finalistas de este año están encabezados por un tipo de medicamentos inyectables prometedores para los problemas de salud asociados a la obesidad. Además, también aparecen en el ranking, el desarrollo de terapias con anticuerpos que pueden ralentizar la neurodegeneración en los enfermos de alzhéimer o el descubrimiento de fuentes naturales de hidrógeno bajo la superficie de la Tierra.
