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El Consejo de Ministros ha acordado hoy denunciar el Convenio número 45 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se prohibe a las mujeres realizar trabajos subterráneos en toda clase de minas.
El convenio entró en vigor en mayo de 1937 y fue ratificado por España en junio de 1958. El artículo 2 de dicho Convenio dispone textualmente: “en los trabajos subterráneos de las minas no podrá estar empleada ninguna persona del sexo femenino, sea cual fuere su edad”.
El Gobierno considera que esta prohibición contraviene lo dispuesto en otros convenios ratificados por España en los que se propugna la igualdad de sexo en el empleo y la ocupación, como el Convenio 111 de la OIT y la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos derechos están avalados por la propia Constitución Española, que propugna la igualdad de los españoles y la no discriminación laboral por razón de sexo.
Las instituciones de la Unión Europea pactaron este viernes una norma pionera que permitirá o prohíbirá el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. Además, busca impulsar a la industria europea frente a gigantes como China y Estados Unidos.
Hacer más operativa la justicia y dotarla de nuevas herramientas para una adaptación climática más efectiva es uno de los objetivos principales del trabajo de Susana Borràs. Esta profesora de derecho ambiental estudia aspectos de esta emergencia, como la justicia climática, los derechos humanos ambientales y el de las personas que defienden el medio ambiente.
