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La situación actual de la epidemia causada por la COVID-19 supone una prueba para todo el sistema de salud. Ricardo Martino Alba, experto en cuidados paliativos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, analiza cómo influye en los profesionales, pacientes y familias esta situación y afirma cómo la fragilidad del ser humano debe ser el eje central de la atención sanitaria.
La velocidad de instauración de la pandemia por COVID-19, la aparición constante de nuevos casos, la gravedad de muchos de ellos y la mortalidad que origina hacen que adquiera dimensiones de catástrofe, es decir, de una gran desproporción entre las necesidades de atención sanitaria y los recursos disponibles.
Así, algunas sociedades científicas plantearon la posibilidad de realizar un triaje entre los pacientes para acceder a determinados recursos de cuidados intensivos, especialmente la ventilación mecánica invasiva. En algunos documentos se incluían factores como la edad, la capacidad cognitiva y la autonomía funcional como criterios para incluir o excluir el ingreso en cuidados intensivos.
Con la evolución de la pandemia, se redactaron protocolos de actuación para la organización y estratificación de la asistencia, llegando a extrapolar estos criterios de edad o discapacidad para decidir si el paciente era subsidiario de atención en el hospital o debía permanecer en su hogar o en su residencia.
Además, los requisitos de atención y aislamiento en los hospitales plantearon que el paciente fuera autónomo funcionalmente para poder ser ingresado. Con todo esto, en muchos medios de comunicación el mensaje ha sido “los mayores de 80 años no ingresarán en cuidados intensivos”.
Esto ha despertado miedos en los mayores, reacciones entre los familiares y reflexiones entre los profesionales. Recientemente, las autoridades sanitarias han tenido que abordar esta cuestión en un informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia:
“Excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos, por ejemplo, por razón únicamente de una edad avanzada, resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho (art.14 de la Constitución española).
En este sentido, los pacientes de mayor edad en caso de escasez extrema de recursos asistenciales deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la población, es decir, atendiendo a criterios clínicos de cada caso en particular. Argumentos semejantes son aplicables con el fin de proscribir cualquier discriminación por motivos tales como la discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones, o la que pueden sufrir determinados colectivos de menores de edad.”
Parecería, entonces, que el tema está zanjado. Sin embargo, muchas personas de diferentes ámbitos sufren a diario por esta cuestión. En primer lugar, los profesionales. Al final, el peso de la decisión recae en los clínicos, obligados a veces a tomar decisiones en situaciones extremas: en soledad y bajo presión asistencial.
No obstante, la responsabilidad es de todo el sistema sanitario, que debe poner los medios y recursos para que cada paciente reciba lo que necesite. Si la atención y el tratamiento se inician en el propio domicilio o en el centro residencial es menos probable que se den situaciones de sobrecarga extrema a la puerta de una UCI.
Las decisiones difíciles han de ser colegiadas para evitar la unilateralidad y el peso moral y emocional sobre los profesionales.
Por eso, se recomienda la participación de varios profesionales, la constitución de Comités de Apoyo a la toma de decisiones o la participación de los Comités de Ética Asistencial o de consultores en estos procesos.
En segundo lugar, los pacientes. Los niños infectados por COVID-19 que requieren hospitalización son ingresados con un acompañante, sometiendo a ambos a las condiciones de aislamiento pertinentes. Pero, ¿es necesaria la soledad a la que se somete a los pacientes adultos en esta situación?
En tercer lugar, las familias. La separación, la incertidumbre, la dificultad de despedirse en los casos de fallecimiento, la alteración en los procedimientos y en los ritos funerarios, etc. Los tres colectivos (profesionales, pacientes y familias) están haciendo esfuerzos sobrehumanos para afrontar esta situación y compensar las carencias.
En los últimos años, la palabra ‘humanización’ se ha ido extendiendo por los sistemas sanitarios como un mantra, casi como un eslogan publicitario; ha impregnado desde las comunicaciones públicas hasta los contratos de gestión, desglosándose en medidas concretas y evaluables.
¿Dónde queda todo eso en un momento en el que el bien colectivo está por encima del individual? Humanizar significa hacer más humana la atención, y eso requiere poner a la persona en el centro y subordinar los modelos organizativos a su interés. Y claro, el bien del individuo es más amplio y, sobre todo, más profundo que el buen tratamiento de la enfermedad.
Significa volver a poner en el centro la fragilidad del ser humano; consiste en darle a cada persona lo que necesita, especialmente a los más vulnerables. Por eso, esta pandemia está sometiendo a examen dicha humanización.
Ricardo Martino Alba es jefe de sección en la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.
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Un estudio, llevado a cabo por investigadores del Instituto de Salud Carlos III, concluye que la introducción en nuestro país en 2015 de la inmunización de embarazadas frente a esta enfermedad ha permitido reducir las tasas de hospitalización y la duración de los ingresos hospitalarios en menores de 3 meses.
