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Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que evalúa el número de afectados y el coste de los cuidados asociados a la dependencia en España estima que hay más de 900.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas y que las cifras oficiales se quedan cortas en relación a sus previsiones iniciales.
Para que una persona dependiente tenga derecho a percibir ayudas públicas es necesario que se le otorgue al menos 25 puntos en el baremo de valoración (baremo que mide la intensidad de su situación) que realizan los organismos oficiales competentes. En media, sólo el 22 por ciento de las personas discapacitadas son dependientes con derecho a percibir ayudas. Teniendo en cuenta este matiz y utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las estimaciones de este nuevo estudio apuntan a que en 2010 el número de dependientes con derecho a ayudas se situará por encima de las 900.000 personas, de las que aproximadamente dos tercios son mujeres. Esta investigación, publicada en la revista Estudios de Economía, ha sido realizada conjuntamente por Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alcalá, respectivamente.
Los investigadores han realizado una estimación del coste directo de la atención a estas personas, sin incluir los fondos que habría que dedicar a inversión en infraestructuras. Para el año 2010, estos costes se situarían entre los 12.500 y 15.000 millones de euros, aproximadamente. “Para el 2015, fecha en la que se supone que funcionará a pleno rendimiento el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España, nuestra estimación oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, un importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las Autoridades Públicas”, apunta la profesora del Departamento de Estadística de la UC3M, Irene Albarrán. En resumen, un desfase de unos 12.000 millones de euros, en el mejor de los casos. “La llamada Ley de Dependencia no ha seguido exactamente lo establecido en el Libro Blanco de la Dependencia ni en otros estudios previos que sirvieron de referencia, lo que ha llevado a que las estimaciones sobre el número de afectados y el coste de atención a los mismos se hayan quedado cortas”, explica la experta.
Impacto económico
La dependencia tiene importantes consecuencias económicas en aspectos como el ahorro, la inversión, el consumo o el mercado de trabajo. Este fenómeno, adelantan los investigadores, hará necesario destinar mayores recursos humanos y económicos para la atención y cuidados sanitarios, sobre todo, de las generaciones más longevas, una redistribución intergeneracional de recursos y un aumento de los llamados cuidados formales e informales. Según uno de los últimos informes del INE, la población anciana se duplicará en los próximos 40 años. Sus proyecciones indican que el grupo de edad de mayores de 64 años se multiplicará por dos en el 2049, por lo que pasaría a constituir el 31,9 por ciento de la población total. En este sentido, la evolución de la población dependiente no puede estudiarse de manera aislada respecto al total de la población en España. Siendo conscientes de ello, y a pesar del riesgo que supone una predicción a tan largo plazo, las estimaciones de los investigadores -utilizando las proyecciones de población del INE- arrojan una cifra de entre 1,5 y 1,6 millones de personas en 2050, equivalente a algo más del 3 por ciento de la población total.
Por todo esto, cabe esperar un aumento de los gastos sanitarios y de atención a estas personas, así como del papel a desarrollar tanto por los seguros públicos como los privados en la cobertura de los servicios demandados, según los investigadores. Debido a estas mayores necesidades de financiación es conveniente contar con mecanismos de captación de recursos que permitan sostener el sistema de atención y es, por tanto, en este terreno donde queda más por avanzar, señala Irene Albarrán. En otros países con más experiencia en el tema la financiación procede, mayoritariamente, de cotizaciones sociales aportadas tanto por trabajadores como empresarios. En concreto, en el caso alemán, los agentes sociales y el Gobierno federal están consiguiendo hacer viable el sistema sin afectar negativamente a la competitividad de la economía germana.
En resumen, el objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en situación de dependencia y establecer el “cuarto pilar” del Estado de Bienestar supone, según los autores del estudio, un esfuerzo económico bastante mayor del inicialmente previsto por las autoridades económicas españolas, lo cual debería abrir un debate sobre las posibles alternativas y vías más adecuadas para financiar estos servicios.
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Más información:
Oficina de Información Científica de la Universidad Carlos III de Madrid
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