La crisis triplica el número de familias españolas en situación de pobreza energética

Un estudio del centro de investigación Economics for Energy, presentado ayer en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, en Madrid, señala que el aumento de la brecha entre rentas altas y bajas durante la crisis ha triplicado el número de familias españolas en situación de pobreza energética en seis años, hasta alcanzar a uno de cada diez hogares.

El trabajo propone la sustitución del actual bono social por una subvención económica de cuantía fija financiada con fondos públicos, destinada a los hogares más vulnerables y válida para el consumo de todo tipo de energía –no solo para la eléctrica– como fórmula para paliar el problema.

En el informe también se plantea una revisión de los indicadores utilizados a la hora de medir la incapacidad de las familias para hacer frente a los costes de sus necesidades energéticas básicas –de manera que contemplen la renta además del consumo– para que la orientación de las ayudas tenga como base un escenario ajustado a la realidad y adaptado a los hogares más vulnerables.

El equipo responsable del trabajo ha realizado un análisis exhaustivo de los indicadores más utilizados para identificar el que mejor refleja la realidad de la pobreza energética. Además de determinar que es importante contemplar el nivel de renta a mayores del consumo, se ha concluido que los indicadores absolutos funcionan mejor que los relativos (basados en la comparación con la situación de otros hogares) y que es imprescindible analizar en profundidad los resultados para intentar aislar los falsos positivos y negativos.

Renta y consumo

En este sentido, se ponen de manifiesto las limitaciones del indicador más común en Europa para medir la pobreza energética, el denominado umbral del 10%, que considera que un hogar se encuentra en esta situación cuando sus gastos de energía superan el 10% del total de sus ingresos. La ausencia de filtros por nivel de renta y consumo de los hogares hace que los falsos positivos sean inevitables, ya que puede haber familias situadas en los segmentos más altos de renta que, por un consumo excesivo de energía, pueden aparecer como pobres energéticos.

El estudio concluye que, aunque con ciertas limitaciones, el estándar mínimo de ingresos (MIS, de minimum income standard) es el que refleja de manera más adecuada la realidad de la pobreza energética. Este concepto se define como la renta precisa para disponer de las oportunidades necesarias para participar en la sociedad, es decir, para no estar en situación de exclusión social. Con base en el MIS, el 9,88% de los hogares españoles se encontraría en situación de pobreza energética, lo que se traduce en 1,8 millones de familias.

El documento encuentra además divergencias entre los distintos indicadores de pobreza general y el de pobreza energética, tanto a nivel agregado como por comunidades autónomas, lo que podría confirmar el interés de analizar la pobreza energética como un problema específico, no totalmente asimilable a la pobreza general.

Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%), Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%) son las comunidades autónomas con mayor pobreza energética. En el lado contrario se encuentran País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%).

Brecha entre rentas y precio de la energía

La consideración de la renta en el cálculo de la pobreza energética es especialmente relevante para analizar la situación de los últimos años, ya que los datos confirman que la crisis económica ha contribuido a intensificar las diferencias entre las rentas más altas y las más bajas en España. Dado que la pobreza energética, como faceta de la pobreza general, afecta en gran medida a los hogares con menos ingresos, se trata de un indicador claro de que el problema se ha incrementado de forma importante. La evolución de la pobreza energética entre 2007 y 2013 revela un incremento de cerca del triple (del 3,60 al 9,88%).

Tal y como señala el informe, al incremento de la brecha entre rentas se suma como agravante el considerable aumento de los precios de la energía. Entre 2007 y 2014, la factura eléctrica de un hogar medio en España se incrementó un 76% y la factura de gas natural un 35% en el mismo período, tanto por el afloramiento de costes como por la inclusión en la tarifa de conceptos derivados de políticas varias.

Por otra parte, el informe señala que la configuración del hogar influye de manera determinante sobre la probabilidad de que este se encuentre en situación de pobreza energética. El perfil que se extrae de la investigación realizada señala en especial riesgo de vulnerabilidad a las familias con hijos –sobre todo las familias numerosas– de ingresos bajos, viviendo en régimen de alquiler y con su sustentador principal en situación de paro o inestabilidad laboral (en especial si tiene una ocupación elemental como administrativo o trabajador de servicios y comercio). No se han detectado diferencias significativas entre los hogares situados en zona urbana en relación a los de zonas rurales.

Alternativa al bono social

Las recomendaciones de los autores para erradicar las carencias en energía se enmarcan en la necesidad social de terminar con la pobreza en general. Por lo que respecta a las medidas concretas, la principal propuesta es sustituir el actual bono social por una transferencia monetaria a tanto alzado (de cuantía fija) financiada con cargo al presupuesto público.

El bono social fue instaurado por el Gobierno español en 2009 y supone un descuento del 25% en la factura de la electricidad. Se aplica en caso de tener contratada una potencia inferior a 3 kW, de que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro, de ser beneficiario de una pensión no contributiva o de tener familia numerosa.

Según los autores del informe, este instrumento presenta dos debilidades importantes: solamente es aplicable a la factura eléctrica y no protege específicamente a los consumidores más vulnerables. La prueba de esto es que el 78% de los hogares beneficiados por el bono social lo son por tener una potencia inferior a 3 kW, cuando los datos prueban que un consumo bajo no implica vulnerabilidad a la pobreza energética. Además, esta fórmula puede incentivar un mayor consumo.

La alternativa propuesta por Economics for Energy es una transferencia a tanto alzado de cuantía fija, restringida a hogares vulnerables, que sea utilizable únicamente para pagar facturas de energía y que comprenda los gastos en todas las fuentes de energía para el hogar. En este sentido, se recomienda también que la ayuda se financie a través de los presupuestos públicos, en lugar de a cargo del sistema eléctrico como ocurre con el actual bono social, dado que siendo aplicable a todos los tipos de consumos energéticos (gas, gasóleo, etc.) lo más equitativo es que sea sostenido por el conjunto de los contribuyentes.

También se plantean otras medidas de apoyo, como las de fomento de la eficiencia energética e información o que las tarifas energéticas recojan fielmente todos sus costes y se excluyan los que no tienen relación directa con ellas.