Un nuevo informe alerta sobre el peso creciente del alquiler, la mala calidad de las viviendas y la pobreza energética en España y en otras ocho ciudades europeas. Las desigualdades habitacionales golpean con especial fuerza a jóvenes, inmigrantes y hogares vulnerables, tanto zonas urbanas como en rurales.
El 40 % de los inquilinos en España destina más del 30 % de sus ingresos al alquiler, superando así el umbral que indica una sobrecarga excesiva en este gasto. Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), en el marco del proyecto europeo ReHousIn.
El estudio analiza la creciente crisis de la vivienda en España y en otros ocho países europeos, y subraya cómo el encarecimiento de los precios y la baja calidad de las viviendas están agravando las desigualdades estructurales en todo el país. Asimismo, este trabajo publicado como “Contextualized analysis of the housing situation – Papers on (sub)national trends” alerta sobre el progresivo envejecimiento del parque inmobiliario en las zonas rurales.
El informe examina la evolución de la asequibilidad, la calidad habitacional y las desigualdades regionales durante los últimos treinta años. Entre sus hallazgos, destaca que el hacinamiento y las malas condiciones de vivienda —como la humedad, el ruido o la falta de luz natural— afectan especialmente a inmigrantes, familias con bajos ingresos y arrendatarios en entornos urbanos.
En el caso de los inquilinos del mercado libre, la sobrecarga por el coste del alquiler alcanza al 37 %. Como consecuencia, hasta un 28 % de los hogares en España sufre pobreza energética, una de las tasas más altas de la Unión Europea.
Asimismo, el aumento de los alquileres turísticos de corta estancia está desplazando a los inquilinos de larga duración. Hasta el 40 % de los anuncios de alquiler en Barcelona son de temporada: contratos de entre uno y once meses que no ofrecen el control de los alquileres de larga estancia ni las protecciones a los inquilinos de la Ley de vivienda española.
A esto se suman miles de propiedades con licencias de alquileres turísticos de corta estancia, es decir, de menos de un mes. La inversión extranjera, los alquileres a corto plazo y de temporada y la gentrificación impulsada por el turismo han disparado los precios de alquiler en centros urbanos como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga.
“Estos números reflejan las luchas diarias de las familias, los jóvenes y los ancianos que están siendo empujados a los márgenes del mercado de la vivienda”, dice Austin Matheney, investigador del ICTA-UAB y autor principal del informe, y concluye que “la vivienda debería ser un derecho, no una carga”.
El aumento de las tasas de interés y la inflación han vuelto a aumentar los riesgos de deuda relacionados con la vivienda, especialmente para los hogares con hipotecas a tipo variable. En 2024 los impagos de hipotecas alcanzaron el 3,4 %, un crecimiento preocupante tras años de relativa estabilidad.
La desigualdad habitacional en España no está distribuida de manera uniforme. Los grupos más afectados son, por un lado los adultos jóvenes que no pueden acceder a la propiedad de la vivienda ni pagar alquileres de mercado. Se suman también los inmigrantes, mayoritariamente de fuera de la UE, que gastan hasta un 30 % de sus ingresos en vivienda.
Adicionalmente, las familias monoparentales y numerosas que se enfrentan a hacinamiento y altos costes de alquiler. Y los grupos económicamente inactivos como estudiantes, jubilados y desempleados, que a menudo viven en viviendas de mala calidad o inasequibles.
La escasez de viviendas de alquiler público es otro de los problemas detectados. “Solo el 1,5-2 % del total de viviendas son de alquiler público, y leyes como la de las viviendas de protección oficial (VPO) permitieron vender las viviendas subsidiadas en el mercado privado después de 10 a 30 años, afectando la asequibilidad a largo plazo”, indica Matheney.
Aunque el problema parece centrarse en las ciudades, las zonas rurales también se enfrentan a múltiples desafíos. El envejecimiento del parque de viviendas, la falta de infraestructura y el declive demográfico dificultan la vida rural, especialmente para las personas mayores. En estas áreas, la ineficiencia energética es una preocupación importante, puesto que aumenta el coste de los servicios públicos y contribuye a la creciente tasa de pobreza energética en España.
Los autores del informe subrayan que muchos edificios antiguos con mal aislamiento exponen a las familias al frío, la humedad y a facturas elevadas, lo que impide a casi uno de cada cinco hogares mantener su vivienda cálida. Casi uno de cada cinco hogares españoles no puede mantener cálida su vivienda.
Para afrontar la crisis de la vivienda, el informe propone reformas coordinadas como ampliar el alquiler público en zonas urbanas, frenar la especulación mediante ajustes fiscales y fomentar contratos de larga duración. También recomienda rehabilitar viviendas antiguas con apoyo técnico y financiero, regular los alquileres turísticos en áreas tensionadas, ofrecer ayudas a hogares vulnerables y diseñar estrategias que reduzcan las desigualdades entre zonas urbanas y rurales.
El actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España ofrece un punto de partida, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de 1,5 millones de viviendas para 2030. Sin embargo, la implementación debe acelerarse y volverse más accesible para aquellos que más lo necesitan, señala el informe.
Adicionalmente, este informe del ICTA-UAB, también explora las presiones compartidas y las dinámicas específicas de varios países. En Austria, la sólida tradición de vivienda pública continúa siendo un pilar fundamental para mantener la accesibilidad, mientras que en Hungría, la elevada tasa de propiedad privada combinada con una escasa intervención estatal ha provocado un aumento de las desigualdades habitacionales.
En Francia, las divisiones socioespaciales históricas se manifiestan en la concentración de vivienda social en determinados barrios urbanos, una situación que también puede observarse en Suiza, donde la planificación urbana y la alta proporción de inquilinos influyen en el acceso a la vivienda. Por su parte, en Noruega, a pesar de su sólido estado del bienestar, las zonas urbanas enfrentan crecientes dificultades para garantizar hogares asequibles.
En Italia, las presiones derivadas del turismo masivo y las estrictas políticas de conservación del patrimonio están afectando gravemente los mercados locales de vivienda, situación que contrasta con la realidad en Polonia, donde se observan marcados contrastes entre pueblos en declive y ciudades en proceso de revitalización, como Varsovia.
Por último, en el Reino Unido la falta de vivienda social y los desalojos derivados de la reurbanización están exacerbando los problemas de acceso a viviendas asequibles.
La conversión de edificios protegidos o históricos en instalaciones de alojamiento promueve la regeneración urbana en ciudades como Madrid. Según la investigación, realizada por la Universidad Complutense de Madrid, con cada nuevo hotel se crean 8 nuevos establecimientos, la mayoría de restauración y comercio.
Un equipo de investigadores del Instituto INGENIO (CSIC-UPV) y la Universidad de Oslo han analizado un total de 103 regiones europeas y ha concluido que aunque en general la desigualdad parece disminuir al aumentar las habilidades digitales de la población, si se analiza por grupos concretos, esta disminución solo se da entre las clases media y alta.
