El borrador de Ley de la Ciencia crea nuevos organismos y facilita la relación público-privada

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Diagrama que muestra las palabras más utilizadas en el borrador de la Ley de la Ciencia (cuanto más grandes, más frecuentes). Imagen: SINC / Wordle.

El texto ha tardado en llegar, después de que la comisión de 25 expertos designada para elaborar el borrador del anteproyecto de Ley de fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico presentara su primer documento hace ahora un año (12 de febrero de 2009) pero está listo para su valoración final y posible aprobación en el Consejo de ministros del próximo 12 de marzo.

Esta tarde la comisión de expertos de la Ley de la Ciencia valorará en la sede del MICINN este borrador, que supone la mayor reforma del sistema español de I+D del ultimo cuarto de siglo, desde que se promulgara en 1986 la Ley de la Ciencia.

Según el equipo de Garmendia, la reforma de la actual Ley “permitirá consolidar los importantes avances registrados por la ciencia española en los últimos años, convertidos hoy en novena potencia científica mundial”.

En 45 artículos, 26 disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cuatro finales, el nuevo borrador aborda cuestiones generales como la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología, los recursos humanos, la innovación, la cultura científica, y la coordinación entre comunidades autónomas.

El borrador del anteproyecto de Ley equipara las categorías profesionales de los investigadores (escalas y salarios) en universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPI) -profesor de investigación, investigador científico y científico titular- para fomentar la movilidad entre diferentes centros. Según el MICINN, “el personal investigador podrá ser funcionario, de carrera o interino y personal laboral, fijo o temporal”.

Los investigadores predoctorales que, hasta ahora y a excepción de algunas comunidades autónomas tenían dos años de beca (sin cotización ni derecho a paro) y dos años de contrato (modelo 2+2), pasarán a tener contratos temporales desde el primer año.

En el segundo tramo de la carrera científica, los investigadores posdoctorales (después de la tesis doctoral) optarán a un contrato de cinco años, con dos evaluaciones (a los tres y cinco años) por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad de la Acreditación (ANECA). Pasada la evaluación, serán investigadores funcionarios del Estado y la ANECA continuará evaluándolos de forma periódica.

En total, una carrera planificada en nueve años (4+5) para poder ser investigador funcionario, en un sistema que hoy es seis veces mayor que en 1986.

Quedan por definir los indicadores de calidad investigadora, pero se intuyen algunos, como el número de artículos científicos publicados, y el número de patentes. Los investigadores funcionarios españoles también podrán pedir excedencias de hasta cinco años para trabajar en empresas privadas.

Además, el borrador de la Ley prevé contratos de investigación distinguida para científicos y científicas extranjeras de prestigio que trabajen en España con un nivel de alto directivo. Uno de los objetivos de la Ley es “atraer talento”.

Nueva Agencia Estatal de Investigación

Con la idea de realizar una “transformación profunda” del modelo de gestión autonómica en I+D (según la exposición de motivos del borrador de la Ley, “un sistema de sistemas que demanda mayor eficacia”), el Gobierno creará la Agencia Estatal de Investigación.

La nueva entidad gestionará las ayudas del Plan Nacional de I+D (con la nueva Ley, el Plan Estatal de Investigación Científica y técnica) y gestionará, junto con el Centro de Desarrollo tecnológico e Industrial (CDTI), todos los fondos estatales, así como los de tres nuevos órganos: el Consejo de Política Científica y Tecnológica, el Consejo Asesor, y el Comité de Ética de la investigación.

Según el MICINN, se trata de crear un sistema de gestión de la investigación de la Administración General del Estado “más flexible y menos burocrático”, más eficiente en el gasto público (los recursos para ciencia se han triplicado en los últimos cinco años), y basado en la cooperación entre administraciones.

En 2006, el Gobierno español ya intentó crear, a través de la Ley de Agencias Estatales, la Agencia Estatal de Evaluación, Financiación y Prospectiva de la investigación científica y Técnica.

Estrategia Estatal de Innovación

La Estrategia Estatal de Innovación (EEI), prevista dentro de la Ley de Economía Sostenible, es parte fundamental de la filosofía de la nueva Ley de la Ciencia. Bajo el lema de una “economía basada en el conocimiento” será un “marco de referencia plurianual en el que se definirán los instrumentos al servicio del cambio del modelo productivo”, con cinco ejes prioritarios: internacionalización de la actividad innovadora, modernización del entorno financiero, desarrollo de mercados innovadores, cooperación territorial y los equipos humanos como base de la innovación.

Como declara a SINC el Secretario General de Innovación, Juan Tomás Hernani, “la EEI tiene como objetivo situar a España en el 9º puesto de la Innovación en el mundo en el horizonte 2015. Esto supone duplicar la economía de la innovación. En datos concretos, hablamos de movilizar 6.000M€ adicionales e inversión privada, incorporar 40.000 empresas nuevas a actividades innovadoras y generar medio millón de empleos nuevos en high-tech”.

De esta forma, los ministerios vinculados a la actividad investigadora deberán publicar un plan de compra pública de actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

El gobierno también fomentará el acceso de la empresa privada a la financiación de actividades “innovadoras” a través de fondos especializados de co-inversión público-privada, el fomento del capital riesgo, el desarrollo del llamado Mercado Alternativo Bursátil, y nuevas líneas de financiación bancaria.

Dentro de la EEI, el nuevo borrador de la Ley también contempla incentivos fiscales para el mecenazgo en materia de I+D, la figura del Estatuto de Joven Empresa Innovadora, así como mecanismos de coordinación europea en la construcción del Espacio Europeo de Investigación (ERA, por sus siglas en inglés).

En esta línea, el nuevo marco legal fomentará la participación de entidades españolas en programas europeos, la incorporación de doctores y tecnólogos a las empresas privadas, así como la defensa de la propiedad intelectual e industrial.