Una investigación analiza las políticas de prevención de vertidos marinos en España

La investigación analiza las acciones que han adoptado una decena de países cuando han sufrido catástrofes parecidas a las del Prestige, el buque petrolero que se hundió frente a las costas de Galicia a finales de 2002, provocando un vertido de fueloil que se convirtió en uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España. "Hemos visto que no se han adoptado en nuestro país medidas de tipo técnico ni jurídico para prevenir estos riesgos, al contrario de lo que sucedió en Alemania con el naufragio del Pallas, por ejemplo, que produjo un movimiento de carácter centralizador en detrimento del sentido federal existente hasta entonces", revela el profesor de la UC3M, José Ignacio Cases, editor del libro "Catástrofes medioambientales: la reacción social y política" (Tirant Lo Blanch, 2010), donde se resumen los resultados de esta investigación.

Esta obra, además de contener el estudio comparado de las políticas desarrolladas frente a vertidos marinos de Alemania, Australia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Portugal, Reino Unido y Rumania, supone una reflexión sobre los riesgos de las sociedades actuales que consta principalmente de dos partes. La primera trata los pilares en torno a los que se ejecutan las políticas públicas en esta materia y está integrada por ensayos conceptuales sobre los temas específicos que se abordan después aplicados a casos concretos, como sociedad civil, ecologismo, participación no institucionalizada, principio de precaución y desarrollo sostenible. En la segunda parte, se profundiza en las lecciones que se pueden extraer de la gestión de la crisis generada por el hundimiento del Prestige y, sobre todo, en cómo se ha traducido este aprendizaje en tres vertientes: los modelos de prevención, los procesos de toma de decisiones y comunicación durante la crisis y, por último, la adopción de medidas e implementación de políticas.

Participación de la sociedad civil

Otra conclusión que han extraído los investigadores es que en todos los países estudiados existe un elevado número de actores no públicos que persiguen entre sus objetivos la prevención, gestión y evaluación de vertidos marítimos. Entre ellos, enumeran, podrían destacarse las empresas públicas (puertos) y privadas, las industrias vinculadas al transporte de hidrocarburos, las organizaciones sin ánimo de lucro o los propios ciudadanos que devienen en voluntarios cuando se produce una emergencia. "Un ejemplo fue la movilización ciudadana que se produjo en el caso del Prestige a través de la plataforma Nunca Mais, aunque desde el momento en que este movimiento fue percibido como un instrumento político perdió gran parte de su poder de convocatoria", explica José Ignacio Cases, que es el director del Departamento de Ciencia Política y Sociología de la UC3M.

Cuando se produce una catástrofe medioambiental, en las sociedades occidentales se produce frecuentemente una gran movilización ciudadana que constituye un apoyo a la acción gubernamental, pero que también puede ser un elemento enormemente crítico, comentan los investigadores. "Por ello, la comunicación y explicación del porqué de la catástrofe y la difusión de las medidas adoptadas son cuestiones esenciales", indica el profesor Cases, que señala que la reacción política suele ser más lenta e ir a remolque de la movilización social. "Hay que aprovecha las movilizaciones sociales que se producen en estos casos para darles un mayor papel en la gestión de las catástrofes, sobre todo cuando se manifiesta de una manera tan fuerte e intensa como en el caso de Nunca Mais", comenta. En cualquier caso, resulta más importante y mejor, según los investigadores, aplicar el principio de precaución (y evitar en lo posible la producción de la catástrofe) que tener que acudir al principio de reacción (frente a la catástrofe ya producida).

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Oficina de Información Científica de la Universidad Carlos III de Madrid