La Constitución española en su aniversario

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Foto: Morgaine.

En mi opinión, la Constitución territorial de España presenta en la actualidad tres órdenes de problemas: sus indeterminaciones e indefiniciones, su apertura y dinamismo con capacidad de evolución cuando no de mutación, y la complejidad que deriva de las normas que definen el orden constitucional de competencias.

Hoy el verdadero desafío de la Constitución española y del Estado por ella alumbrado es encontrar la forma de prevenir los riesgos de fragmentación política en un modelo de organización territorial tan peligrosamente abierto que no parece tener fin y que amenaza con la centrifugación de un Estado trabajosamente construido a lo largo de estos años.

También en mi opinión, la descentralización política que ha representado el Estado de las Autonomías ha tenido un gran éxito -“incluso mayor del esperado”- en aspectos de la cohesión territorial de España: el reequilibrio de la distribución territorial de la riqueza, la formación de una nueva clase política dirigente, y la generación de mecanismos de equilibrio de poder propios de los Estados federales. Pero no ha logrado el éxito esperado en el otro objetivo que estaba en la base y origen del pacto constitucional: la vieja cuestión del modo de articulación de la pluralidad y diversidad territorial de España, particularmente en lo que se refiere a la integración de los nacionalismos periféricos, vasco y catalán.

A pesar de que la Constitución ofrece un amplio cauce para el autogobierno de las nacionalidades y regiones que integran España, superior al de la mayoría de los Estados federales de nuestro entorno, las reivindicaciones de los nacionalismos periféricos no sólo no se han estabilizado, sino que, al contrario, se han exacerbado, tornándose cada vez más radicales y extremas.

Aún hoy España continúa pagando un precio por la carencia de una idea común y compartida acerca de España como nación en el pacto constitucional de 1978, un precio que corresponde a: 1) un déficit de presencia de los innegables elementos compartidos fruto de una larga historia común, que contrasta con las políticas autonómicas de recuperación de “lo propio” libérrimamente desplegadas; y 2) un marco constitucional de distribución del poder político tan abierto y flexible que deviene, en consecuencia, inestable.

Especial preocupación me suscita el procedimiento seguido para llevar a cabo la reforma territorial del Estado por la vía subrepticia de las reformas estatutarias. El Estatuto de Cataluña no es una simple reforma, ni tan sólo un Estatuto de Autonomía de nuevo cuño. Es y tiene vocación de ser algo más, una Constitución para Cataluña que afecta profundamente, alterándola en conceptos y decisiones fundamentales, a la Constitución española de 1978.

Por tanto, no resulta aventurado temer que la dinámica subsiguiente a las reformas estatutarias pueda conducir a una configuración del Estado no ya federal (en ella estamos, material y funcionalmente en este momento) sino confederal, o incluso aún más allá. En todo caso, a una mayor fragmentación jurídica y política y a un debilitamiento del Estado y sus referentes comunes.

En mi artículo titulado La Constitución española en su XXX Aniversario, reviso otras cuestiones como el catálogo de derechos y deberes que se contienen en algunos nuevos Estatutos de Autonomía, y reflexiono además en torno a los conceptos jurídicos de ‘nación’, ‘pueblo’ y ‘soberanía’, sobre los que se asienta todo el entramado jurídico-político de nuestra Constitución (y los cuales) no son meras palabras de sentido polisémico, discutido y discutible, como se ha pretendido.