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El Consejo de Ministros ha estudiado hoy el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley que regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La reforma, que se adaptaría a las directivas comunitarias de la Unión Europea, pretende incluir el sector de la aviación en el comercio de derechos de emisión a partir de 2012.
El Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, supondría la inclusión de la aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión a partir de 2012. El borrador recoge las normas necesarias para que el régimen de comercio de derechos de emisión se aplique a los operadores de aeronaves.
La reforma se adaptaría así a las directivas comunitarias en este campo, es decir, la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, y la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, que acomete una revisión en profundidad del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión que será de aplicación a partir de 2013.
En el Anteproyecto se ha revisado además las funciones del Ministerio de Fomento y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en esta materia, que colaborarán estrechamente en la implantación y aplicación del régimen.
En el caso de la aviación, debido a las competencias estatales en navegación aérea y al carácter extraterritorial y deslocalizado de las actividades objeto de gestión, las competencias quedan en manos de la Administración del Estado.
Entre el 27 de julio y el 30 de septiembre los borradores se han sometido a audiencia de los interesados a través del Consejo Nacional del Clima y se les ha dado publicidad a través de la web del Ministerio. Las reuniones del Consejo Nacional del Clima y de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, que se celebraron el 1 de octubre, abordaron el examen de este Anteproyecto de Ley.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este plan que cuenta con un presupuesto previsto de 18.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 32 % anual respecto al anterior de 2021-2023. El documento recoge la inversión prevista en materia de convocatorias públicas, en concurrencia competitiva, para subvencionar y financiar la ciencia en España, tanto pública como privada.
La nueva institución fomentará y coordinará el uso de la evidencia empírica y el conocimiento científico para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, según el jefe del Ejecutivo.
