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La economista francesa Esther Duflo, profesora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha sido galardonada hoy con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. El jurado ha destacado su labor al frente de la organización Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab con la que ha creado una de las mayores redes de investigación mundial para el fomento del desarrollo.
Esther Duflo, profesora de Reducción de la Pobreza y Economía del Desarrollo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y cofundadora de la organización Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que se ha fallado hoy en Oviedo.
Según el jurado, Duflo “ha aplicado con originalidad métodos experimentales para evaluar la eficacia de las políticas contra la desigualdad económica y social, especialmente en África, Asia e Iberoamérica”.
Los resultados de su investigación “han renovado profundamente el diseño de estrategias en los ámbitos de la educación, la salud, las microfinanzas y el empleo.
Fomento del desarrollo
El jurado también ha destacado la labor realizada por su organización para crear una de las mayores redes de investigación mundial para el fomento del desarrollo.
Esther Duflo recibió en 2010 recibió la Medalla John Bates Clark a economistas menores de 40 años que se considera que han hecho una contribución muy significativa al pensamiento y conocimiento económico.
Veintiséis candidaturas de once nacionalidades concurrían a este premio en el que compiten especialidades como la historia, la sociología, la economía, la filosofía y otras. El historiador Joseph Pérez lo obtuvo el año pasado
Un equipo de investigadores del Instituto INGENIO (CSIC-UPV) y la Universidad de Oslo han analizado un total de 103 regiones europeas y ha concluido que aunque en general la desigualdad parece disminuir al aumentar las habilidades digitales de la población, si se analiza por grupos concretos, esta disminución solo se da entre las clases media y alta.
El crecimiento económico suele considerarse una forma segura de aumentar el bienestar de las personas en los países menos desarrollados. Sin embargo, un estudio dirigido por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad McGill de Canadá sugiere que existen buenas razones para cuestionar esta suposición.
