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La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha debatido con los consejeros de ciencia y tecnología de todas las comunidades autónomas (CCAA) el borrador de anteproyecto de la Ley de la ciencia, tecnología e innovación en la delegación del Gobierno de Andalucía, en Sevilla.
Garmendia se ha reunido con las CCAA en el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, organismo que será sustituido por el Consejo de política científica y tecnológica, según el borrador del anteproyecto de ley que el MICINN prevé será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo 12 de marzo.
La titular de Ciencia e Innovación ha pedido al Consejo General "impulsar de forma conjunta y consensuada una verdadera política científica de Estado". En este sentido, el MICINN ha destacado desde el principio su voluntad de que la nueva ley que sustituirá a la Ley de la Ciencia de 1986 sirva para coordinar a las CCAA “desde el respeto a las competencias en I+D”.
Será el nuevo Consejo de política científica y tecnológica, que ahora promueve acciones conjuntas en materia de investigación de las comunidades con la Administración General del Estado, el que establecerá los mecanismos de evaluación de la Estrategia Estatal de Innovación, cuya creación también está propuesta en el borrador.
Otras mesas de trabajo
El pasado 24 de febrero Garmendia realizó una comida de trabajo en la sede del MICINN con los portavoces parlamentarios de la Comisión de Ciencia e Innovación y esa misma tarde, un encuentro con los sindicatos para valorar el borrador.
Las comunidades disponen del borrador del anteproyecto de ley desde el pasado 22 de febrero. Para el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) se trata de un texto que el Gobierno español quiere “sacar adelante con el mayor consenso posible”.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este plan que cuenta con un presupuesto previsto de 18.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 32 % anual respecto al anterior de 2021-2023. El documento recoge la inversión prevista en materia de convocatorias públicas, en concurrencia competitiva, para subvencionar y financiar la ciencia en España, tanto pública como privada.
La nueva institución fomentará y coordinará el uso de la evidencia empírica y el conocimiento científico para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, según el jefe del Ejecutivo.
