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Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, coordinado por María de Miguel, profesora del Departamento de Organización de Empresas, ha estudiado los problemas legales y éticos que suponen para las empresas el uso que los menores hacen del teléfono móvil, les ofrezcan o no directamente servicios a éstos. El estudio concluye que los medios tecnológicos actuales no son suficientes para proteger a los menores de edad, especialmente a los menores de 14 años.
En los últimos cinco años el uso del teléfono móvil por los menores ha ido creciendo exponencialmente, “lo que no está libre de riesgos”, añade María de Miguel. Desde la Unión Europea se ha ido impulsando la autorregulación del sector como complemento a la legislación que protege a los menores de edad.
El trabajo de los investigadores de la UPV no se centra en el comportamiento de los menores o de sus padres ante este fenómeno, “pues en este campo ya hay estudios muy importantes y rigurosos tanto en España como en otros países”, sino en el comportamiento de las empresas para contrastar su visión del problema con el de las instituciones y asociaciones que intentan proteger a los menores en este campo.
El estudio señala que la responsabilidad de los padres se presupone en ocasiones absoluta y, sin embargo, no todas las empresas entienden que también son responsables en la protección de los menores. En este punto, el estudio advierte de la necesidad de seguir trabajando en una responsabilidad compartida entre todos los grupos de interés porque a veces las instituciones tampoco son muy empáticas con las empresas, lo que no soluciona los problemas reales. Además, se destaca también que los padres no reciben suficiente información sobre las medidas o educación que deben dar a sus hijos en el campo de las TICs.
En este sentido, los investigadores concluyen que la regulación debe complementarse con la autorregulación de las empresas y con la educación por parte de las instituciones. “Pensamos que en el ámbito de Internet se ha avanzado bastante pero la telefonía móvil parece menos estudiada cuando, sin embargo, hay más menores que poseen un teléfono móvil que acceso a Internet en su hogar, y no debemos olvidar que el teléfono móvil acompaña a la persona en prácticamente todo momento”, advierte María de Miguel.
Las cuatro grandes operadoras han llegado a acuerdos de autorregulación para la protección de los menores de edad a nivel europeo y estatal que deberían extenderse a las recientes operadoras móviles virtuales y a las empresas de servicios móviles.
El estudio-proyecto de investigación “M-Menor: la Protección de Menor de Edad Ante los Servicios de la Sociedad de la Información por Telefonía Móvil” ha sido financiado por la Conselleria de Educación.
El Gobierno de España destinará 125 millones de euros al desarrollo de dos cargas útiles de satélite, uno geoestacionario y otro en órbita baja, junto a sus respectivas estaciones terrenas, para la llamada distribución cuántica de claves (QKD). Esta tecnología se podría incorporar en la constelación europea de comunicaciones seguras por satélite.
Soledad Torres Guijarro (Madrid, 1968) investiga en la actualidad la contaminación acústica en los ecosistemas submarinos y cómo reducirla. Pero esta experta en telecomunicaciones ha realizado una gran diversidad de proyectos a lo largo de su carrera, desde crear un sistema automático de la lengua de signos de términos médicos, hasta una herramienta que identifica mensajes de odio en redes sociales.
