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Un estudio realizado en la Universidad Carlos III de Madrid revela que las políticas de fomento de la contratación de discapacitados no favorecen la calidad del empleo de éstos y que una de las claves para solucionarlo sería ofrecer incentivos financieros a las empresas para fomentar la contratación indefinida.
La investigación, realizada por Fernando Muñoz-Bullón del Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar “Conde de Campomanes” de la UC3M mide la calidad de la asociación entre el puesto de trabajo y las personas con discapacidad. El tipo de contrato -temporal o indefinido- y si la persona discapacitada está buscando o no otro empleo, son factores que permiten evaluar la calidad de esta asociación, también conocida técnicamente como ‘emparejamiento’. Por ejemplo, “si el contrato es indefinido, entonces la calidad del emparejamiento con el puesto será mayor, pero si el discapacitado está buscando otro empleo, entonces hemos de suponer que no estará muy satisfecho con su oficio actual, con lo cual el emparejamiento será de menor calidad”, explica el investigador.
Las medidas de fomento del empleo destinadas a personas con discapacidad (contratos para la formación y en práctica para minusválidos, incentivos a la contratación, cuotas de reserva, empleo selectivo, subvenciones, etc.) y los servicios de intermediación especializada encajan en lo que en economía se conoce como políticas activas de mercado de trabajo. La finalidad de estas medidas de promoción consiste en favorecer el acceso de los discapacitados al mercado laboral, mejorar la información sobre ofertas y demandas, reducir el desempleo, o mejorar la integración social, entre otras.
En el estudio —titulado Employment Promotion Measures and the Quality of the Job Match for Persons with Disabilities— se menciona que los servicios de intermediación laboral especializada no favorecen la posibilidad de alcanzar un contrato laboral indefinido al estar enfocados hacia la contratación temporal. De esta forma, estas medidas podrían mermar el desarrollo de ciertas carreras laborales, que en la mayoría de los casos necesitan una estabilidad que sí sería posible alcanzar con los contratos indefinidos. Además, los trabajadores con peores emparejamientos perderían con mayor facilidad sus empleos en situaciones de crisis, ya que serían fácilmente prescindibles en una empresa si la situación se vuelve adversa.
Sólo uno de cada cuatro personas con discapacidad severa trabaja
Según el estudio, hay varios motivos por los que las personas con discapacidad se encuentran en esta situación de desventaja en el mercado laboral. Por ejemplo, existen discriminación y prejuicios en función de la discapacidad, así como desigualdades salariales, que se agudizan según el género. El investigador puntualiza que “las estadísticas europeas muestran que las personas con discapacidad, especialmente aquellas que presentan una discapacidad severa, sufren niveles inaceptablemente bajos de empleo. Así -añade- se estima que tan sólo un 24 por ciento de las personas con discapacidad severa y un 46 por ciento de aquellas que tienen una discapacidad moderada en la Unión Europea se encuentran trabajando, frente a un 62 por ciento de personas sin discapacidad que trabajan”.
Una de las conclusiones del estudio es que las medidas de fomento del empleo no mejoran la calidad de los emparejamientos, por lo que el investigador propone que "las políticas de fomento del empleo de los discapacitados ofrezcan incentivos financieros asociados a la estabilidad laboral de aquéllos, tales como algunos incentivos fiscales”. Otras propuestas para mejorar las políticas de empleo actuales se enmarcan en lo que el investigador denomina como medidas activas y preventivas, dirigidas a colectivos de personas discapacitadas con mayor riesgo de exclusión (mujeres, discapacitados intelectuales con trastornos mentales, con parálisis cerebral y graves discapacidades físicas y/o sensoriales). También sugiere eliminar los obstáculos para la integración y participación de estas personas en el mercado laboral, adoptando medidas de igualdad de trato y mejorando el acceso a todos los niveles del sistema educativo y de formación.
El estudio fue publicado en la revista Hacienda Pública Española - Revista Economía Pública en el año 2006. El trabajo fue realizado por el profesor Fernando Muñoz-Bullón (de la Universidad Carlos III de Madrid) en colaboración con el profesor Miguel Ángel Malo (de la Universidad de Salamanca).
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