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Los avances en tecnologías de la información dan acceso a una gran cantidad de datos, no siempre controlados, contrastados y actualizados. Por ello, el Observatorio de Bioética y Derecho acaba de publicar un documento con recomendaciones, que incluye aspectos éticos, jurídicos y sociales, que ayuden a gestionar y contrextualizar mejor este gran caudal de información.
El Observatorio de Bioética y Derecho (OBD), con sede en el Parque Científico de Barcelona, acaba de publicar el Documento sobre el acceso responsable a la información jurídico-bioética en red, en el marco del proyecto de investigación ADNBIOLAW (Aspectos éticos, jurídicos y sociales implicados en la obtención, uso y almacenamiento de las muestras de ADN y otras técnicas biométricas de identificación), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
La iniciativa tiene el apoyo del Grupo de Investigación Consolidado (GRC) Bioética, Derecho y Sociedad de la Generalitat de Cataluña, informa la UB.
El documento ha sido coordinado por Blanca Bórquez, investigadora del OBD; Maria Jesús Buxó, catedrática de Antropología Cultural de la Universidad de Barcelona y miembro de la OBD; Itziar de Lecuona, investigadora de la OBD, y la profesora María Casado, directora del OBD, titular de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona y coordinadora del GRC Bioética, Derecho y Sociedad.
Según las investigadoras, es indudable el papel determinante que tiene hoy la bioética en la generación de opinión pública, nuevas políticas y marcos normativos.
Falta de fialbilidad
La carencia de fiabilidad y la descontextualización pueden conllevar, tanto a los autores como a los lectores, a la generación de opiniones erróneas y planteamientos equivocados que van en detrimento de un diálogo fundamentado en bases científicas sólidas, lo cual influye negativamente y puede llevar a la adopción de decisiones desacertadas en las políticas públicas y en las nuevas normativas, señalan.
“En los últimos meses hemos visto varios ejemplos en la prensa de uso de fuentes de segunda mano, no contrastadas, descontextualizadas y con falta de rigor en la utilización de los datos, que demuestran como las informaciones tratadas superficialmente pueden dar lugar a noticias sensacionalistas sobre temas tan trascendentes, como por ejemplo la clonación, eutanasia, etc.”, afirma la investigadora Blanca Bórquez.
Con la elaboración de este documento, el grupo de opinión del OBD advierte de los graves inconvenientes que presenta un erróneo manejo de la información para un debate bioético adecuado y responsable, a la vez que ofrece a todos el profesionales que trabajan en este campo –periodistas, investigadores, legisladores, etc- una serie de recomendaciones, ante el inmenso caudal de información disponible y no controlable.
Efectos negativos
“Los profesionales que participan en la creación de nuevo conocimiento en el ámbito jurídico-bioético, o en la mejor comprensión, fundamentación y difusión del ya existente, tienen que ser conscientes que su trabajo puede tener efectos negativos en los procesos de elaboración de nuevos marcos normativos y de políticas públicas. Todos los agentes implicados en la generación de una información tienen la responsabilidad de ofrecer al lector datos reales con objetividad, transparencia, fiabilidad y contextualización”, asegura María Casado.
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio promovido por el OBD-Cátedra Unesco de Bioética UB, en colaboración con el Grupo de Investigación Consolidado Bioética, Derecho y Sociedad de la Generalitat, cuyo objetivo es desarrollar una plataforma on line de información, que permita acceder a la documentación relevante y actualizada sobre datos demográficos, políticos, sociales, normativos, institucionales, índice de desarrollo y pertenencia a instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos de los países de América del Sur, México y España.
En la lucha contra la crisis climática, los países históricamente responsables de las emisiones excesivas de dióxido de carbono deberían pagar unos seis billones de dólares cada año, hasta 2050, para indemnizar a otros estados vulnerables a un calentamiento global del que no son responsables. Así lo señala un trabajo internacional sobre compensaciones por apropiación atmosférica.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, por la que se regula el cuidado de las mascotas y animales silvestres en cautividad, con la exclusión de los perros de caza, guarda y trabajo. Se establecen prohibiciones a la tenencia de algunas especies exóticas en casa y se prohíben actividades en las que el trato no se considere digno.
