La COSCE presenta sus informes sobre los Presupuestos

La COSCE ha presentado hoy las conclusiones de sendos informes elaborados por su Comisión para el Análisis de los Presupuestos Generales del Estado y por la Comisión para el Análisis del Anteproyecto de Ley de la Ciencia.

Para Joan Guinovart, presidente de la COSCE, los resultados de estos análisis presentan un “panorama descorazonador para la ciencia, que en este momento se enfrenta a una drástica reducción de sus recursos y a una propuesta de ley que no aporta soluciones a sus verdaderos problemas”.

Según el informe de la COSCE en la propuesta de Ley de la Ciencia falta una apuesta prioritaria por la calidad, la internacionalidad y la competitividad. El sistema que propone el anteproyecto de Ley ignora modelos de éxito que se han desarrolllado en España.

Para Guinovart, la ley “no va a servir para darle a la ciencia española la competitividad global que requiere, por eso creemos que su aprobación con el contenido actual no es conveniente”.

Este año se han reducido de forma muy significativa los recursos no financieros destinados a I+D; es decir aquellos que llegan directamente a los científicos en forma de ayudas, becas o subvenciones. Ante esta situación, la COSCE demanda una financiación estable de la ciencia que proporcione más calidad al sistema.

Guinovart recuerda, que “mientras en los países europeos se destina una media del 1,8% del PIB a inversión en ciencia, en España estamos en el 1,35% según los cálculos más recientes”.

Análisis y conclusiones sobre los PGE

Como cada año, la Comisión de la COSCE para el Estudio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha realizado un exhaustivo informe de los recursos destinados a I+D+i contenidos en los PGE de 2010. Este informe pretende aportar datos para analizar la voluntad inversora en I+D+i del Ejecutivo en un año de crisis económica, en el que se plantean cambios de alcance en el modelo productivo del país.

Según el informe de la COSCE, los recursos destinados a investigación sufren un recorte del 4,1% respecto a los presupuestos del año anterior, lo que supone un alejamiento, por segundo año consecutivo, del objetivo establecido en el VI Plan Nacional de I+D+i, que se comprometía a mantener un incremento presupuestario anual del 16% a lo largo de la duración del Plan (2008-2011).

Esto demuestra, según el miembro de la Comisión José Molero, que “aun teniendo en cuenta la situación de crisis económica y el contexto restrictivo en el que se han elaborado los Presupuestos de 2010, se constata una desatención a la financiación para investigación, desarrollo e Innovación”.

Asimismo, “puede comprobarse que primera vez en muchos años el recorte de los recursos se produce tanto en lo que respecta a la investigación militar (un 19% respecto al año anterior) como a la investigación civil, que desciende un 1,5% y supone el 85% del total de los Presupuestos”.

Para José de Nó, miembro de la Comisión, “el descenso es especialmente grave en lo que respecta a los recursos no financieros; estos recursos caen un 14,5%, y dejan el volumen total de recursos un 6% por debajo de los presupuestos del año 2007». Por el contrario, el global de los recursos no financieros de los PGE aumenta.

El informe constata que, en 2010, “continúa el aumento del peso de las operaciones financieras para I+D –es decir, de los préstamos reembolsables- frente a los recursos no financieros, de los que depende mayoritariamente la comunidad científica”.

Los recursos financieros suponen ya un 61,5% del total, lo que, según la COSCE, sitúa en peor posición a las universidades y centros públicos para hacer frente a sus necesidades de recursos para la I+D+i.

Análisis del Anteproyecto de Ley de la Ciencia

Tras el análisis detallado del contenido del Anteproyecto de Ley, que previsiblemente será aprobado mañana en Consejo de Ministros, la Comisión considera que la actual propuesta tiene enormes carencias y, o bien no plantea los problemas de la ciencia o lo hace a un nivel de generalidad inaceptable.

Para la COSCE, los problemas fundamentales de la ciencia española que justifican una nueva ley pueden concretarse en buscar un camino de excelencia en un sistema de investigación que, en la actualidad, es amplio pero no suficientemente competitivo, adaptar la legislación a la existencia de las CCAA, mejorar el contacto profesional con el sector privado, la industria y la sociedad, así como adaptarse a un contexto globalizado, ampliando la flexibilidad, la movilidad y la inserción de profesionales excelentes.

Para la Comisión, ninguno de estos aspectos se resuelve en el Anteproyecto de Ley, lo que convierte a esta propuesta, según Juan Luís Vázquez, presidente de la Comisión “en una simple reorganización administrativa más que un proyecto de reforma a largo plazo con objetivos claros y ambiciosos”. La Comisión de la COSCE considera que, en muchos aspectos, el anteproyecto consolida el modelo subyacente y peca de falta de ambición.

Para Vázquez, “el problema prioritario del sistema español de ciencia es el de transformar un sistema moderadamente exitoso como el actual en otro que le permita alcanzar niveles de alto rendimiento”.

Según el informe, “en un entorno como el actual no podemos conformarnos con lo que tenemos y nuestro objetivo ha de ser competir por los premios Nobel; este espíritu está ausente del articulado de la Ley”.

Entre los puntos interesantes pero insuficientemente formulados de la nueva propuesta de Ley, la Comisión destaca que existe una gran indefinición en los contenidos y plazos de creación para dos instituciones clave del sistema: el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (cuya creación se remite a un futuro Real Decreto), y la Agencia Estatal de Investigación, una antigua reclamación de la

COSCE, que ya fue autorizada en la Ley de Agencias del 18/7/07 pero que sigue sin tener fecha para su constitución.

La COSCE considera que la creación de la Agencia es un elemento clave para garantizar la financiación y la sostenibilidad del sistema científico más allá de los vaivenes políticos.

Por otra parte, la reforma de los OPI no garantiza que el CSIC pueda contribuir con eficacia a los objetivos que la Ley pretende. La Comisión de la COSCE considera que, aunque la reglamentación que se ofrece en la Ley es en algunos puntos muy detallista no aborda tampoco el problema acuciante de una adecuada selección de los profesionales más valiosos.

Para el presidente de la COSCE “esta ley consolida el modelo funcionarial y el sistema de contratos permanentes que propone no tiene en cuenta los modelos vigentes en los países más avanzados”.