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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Consejo de Ministros han firmado hoy un contrato con el que el Ejecutivo dispondrá de un servicio de telecomunicaciones de la agencia. El Gobierno pretende impulsar así, científicamente, la prevención del cambio climático o la vigilancia de la calidad del aire.
Con el objetivo de apoyar de forma científica las políticas ambientales, el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la contratación de un servicio de telecomunicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los dispositivos del servicio, que cuesta más de 15 millones de euros, se basan en telecomunicaciones de voz y datos y también, en gestión de red y seguridad.
En el contrato se han unificado todos los servicios de voz y de datos que, hasta ahora, se distribuían según la naturaleza de las comunicaciones (analógicas y digitales, fijas y móviles, de voz y de datos, etc.). Estos productos se han adaptado a la realidad del mercado.
Según el Ejecutivo, el desarrollo de las nuevas tecnologías, fundamentalmente digitales, recomienda la unificación, sobre todo debido a la naturaleza común de los servicios contratados.
Comunicaciones fluidas y constantes
Entre las funciones de la AEMET destaca la vigilancia constante de las condiciones atmosféricas o la elaboración de predicciones meteorológicas y avisos de fenómenos adversos. Además, la agencia apoya de forma científica la prevención del cambio climático y la vigilancia de la capa de ozono y de la calidad del aire.
Para la elaboración de los servicios que proporciona, AEMET necesita tres tipos de recursos técnicos: la observación meteorológica, las comunicaciones y la informática. La actividad de la agencia necesita unas comunicaciones fluidas y constantes, uno de los objetivos que pretende conseguir el Gobierno, con la contratación del nuevo servicio.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este plan que cuenta con un presupuesto previsto de 18.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 32 % anual respecto al anterior de 2021-2023. El documento recoge la inversión prevista en materia de convocatorias públicas, en concurrencia competitiva, para subvencionar y financiar la ciencia en España, tanto pública como privada.
La nueva institución fomentará y coordinará el uso de la evidencia empírica y el conocimiento científico para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, según el jefe del Ejecutivo.
