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La normativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pretende poner fin al maltrato, abandono y sacrificio animal. También se ha reformado el Código Penal para elevar las penas, que supondrán hasta 24 meses de cárcel.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes “en segunda vuelta” a la Ley de Derechos Animales, una norma que, entre otras cuestiones, endurece las penas por maltrato animal y propone una política de sacrificio cero, salvo por razones sanitarias.
Impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pretende poner fin al maltrato, abandono y sacrificio animal.
Uno de los mayores cambios de esta legislación, cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero, es precisamente impedir que se sacrifiquen animales de compañía, salvo por motivos sanitarios y eutanásicos.
En una comparecencia, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno ha dado luz verde a “una norma pionera en nuestro país”.
La ministra ha puesto en valor que “muchas comunidades autónomas y ayuntamientos ya habían hecho ejercicios en esta dirección”, y ha manifestado que “se trata de sentar las bases para un marco legal común”.
En definitiva, según Rodríguez, los objetivos más importantes son “poner fin al maltrato reformulando también el Código Penal en cuanto a sus penas, el abandono y el sacrificio así como dar respuesta a una sociedad española que cuenta en uno de cada tres hogares con un animal con el que conviven y hacen su día a día”.
Esta primera Ley de Derechos Animales “nos hace más humanos” al acabar con la “impunidad” de los maltratadores, con penas de cárcel y multas que pueden llegar a 200.000 euros, ha afirmado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra: “La gran mayoría de nuestra sociedad cuida, quiere y respeta a los animales y queremos que nuestro país tenga una legislación a su altura”, añadió.
Además, la normativa lucha contra el abandono al exigir que todos los animales de compañía estén identificados y que la cría solo pueda hacerse mediante criadores registrados. Se trata de un “problema muy serio” en España, pues “el año pasado más de 285.000 perros y gatos llegaron a las protectoras”, apuntó la ministra.
También se prohíben los circos con animales salvajes y la comercialización de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales.
Por su parte, los zoos y delfinarios se reconvertirán en centros de recuperación de especies autóctonas, y se prohibirá la utilización de animales en actividades y espectáculos en los que puedan sufrir daño o muerte, como las peleas de gallos o el tiro al pichón.
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Hacer más operativa la justicia y dotarla de nuevas herramientas para una adaptación climática más efectiva es uno de los objetivos principales del trabajo de Susana Borràs. Esta profesora de derecho ambiental estudia aspectos de esta emergencia, como la justicia climática, los derechos humanos ambientales y el de las personas que defienden el medio ambiente.
