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La Unión Europea quiere asegurar que el personal europeo desplazado a países en conflicto armado o en misiones de paz respete los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, la legislación que vela por la protección de la población civil durante y después de conflictos armados necesita adaptarse a las particularidades de los enfrentamientos contemporáneos y contemplar las necesidades de los más vulnerables.
Durante los siguientes 4 años, la Universitat Jaume I, junto a los otros 6 socios del proyecto ATLAS, analizará en primer lugar la normativa vigente para después comprobar si los militares y civiles europeos lo están respetando en la práctica diaria. Una vez superada esta fase, se podrán identificar las fortalezas y debilidades del sistema. El objetivo final es promover la protección de los derechos humanos para lo cual se prevé elaborar un Código de Conducta para el personal militar que forme parte de Misiones de mantenimiento de la paz de la Unión Europea.
Pero el proyecto quiere ir más allá y las recomendaciones no sólo van destinadas al personal sino también a los políticos y legisladores. Debido a que la mayor parte de los conflictos armados actuales no son de carácter internacional sino que en las hostilidades intervienen tanto ejércitos regulares como otras fuerzas descentralizadas, las principales víctimas son los civiles. En estos casos, la protección de la población es menor porque la Convención de Ginebra de 1949 no es aplicable ya que esta normativa únicamente ofrece protección en tiempos de guerra, entendiendo la guerra como un conflicto entre diferentes ejércitos nacionales.
“La nueva realidad obliga a revisar las categorías legales establecidas en el siglo XX para garantizar el mismo amparo a toda la población”, comenta el responsable del proyecto en la UJI, el catedrático de Derecho Internacional Público Jorge Cardona. Con este propósito, se redactará una Guía para la adopción de políticas y una Guía de buenas prácticas que permitan mejorar la actuación del personal civil y militar en situaciones posteriores a un conflicto, como es el caso de las misiones de la Unión Europea desplegadas en Kosovo, Sierra Leona, Haití o Congo.
El proyecto ATLAS, “Armed Conflicts, Peacekeeping and Transitional Justice: Law as Solution”, comenzó en febrero de 2008 y está financiado por la Comisión Europea dentro del VII Programa Marco. Junto a la Universitat Jaume I, participa la Universidad de Paris-1 (Panthéon-Sorbonne); el British Institute of International and Comparative Law; la Université libre de Bruxelles; el Collège de France ; la Universidad de Bucarest y Magna Carta (Fundación de nacionalidad belga).
Los Estados Miembros elegidos para el estudio representan tanto a países que se rigen por el Derecho anglosajón basado en la jurisprudencia como a países que aplican el Derecho continental que se fundamenta en la legislación. Mientras tanto, los terceros países han sido seleccionados por su experiencia en operaciones de paz o la existencia de procesos de reconciliación nacional.
Las instituciones de la Unión Europea pactaron este viernes una norma pionera que permitirá o prohíbirá el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. Además, busca impulsar a la industria europea frente a gigantes como China y Estados Unidos.
Hacer más operativa la justicia y dotarla de nuevas herramientas para una adaptación climática más efectiva es uno de los objetivos principales del trabajo de Susana Borràs. Esta profesora de derecho ambiental estudia aspectos de esta emergencia, como la justicia climática, los derechos humanos ambientales y el de las personas que defienden el medio ambiente.
