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Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

A petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Consejo de Ministros ha remitido hoy a las Cortes el primer proyecto de Ley que orienta la acción climática minimizando impactos negativos para la economía, la sociedad y los ecosistemas, para alcanzar la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050.

El objetivo del primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica es alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2050. / Pixabay

Con la presentación en las Cortes hoy del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) se inicia la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones antes de 2050, en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía. 

España aumenta su ambición, como la que se ha marcado la Unión Europea (UE) para este año, y responde al Acuerdo de París

Ante la crisis climática, el texto permite que España fije por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20 % respecto a los niveles de 1990. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), este objetivo supone un aumento de la ambición española en materia de clima.

De este modo, España aumenta su ambición, como la que se ha marcado la Unión Europea (UE) para este año, y responde al Acuerdo de París, que establece que los países deben aumentar su ambición en materia de reducción de emisiones en 2020. El objetivo final de la ley es que el país alcance, “a más tardar en el año 2050”, la neutralidad de emisiones, es decir que antes de llegar a mitad de siglo el país solo emita la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros puedan absorber.

Con este texto, España no solo refuerza su compromiso con la UE, sino que se adelanta al cumplimiento del Acuerdo de París en cuanto a la neutralidad de sus emisiones activando políticas transversales en todas sus acciones. Así, el proyecto de ley articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio climático, al que es especialmente vulnerable.

“En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente a la COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo”, ha subrayado hoy la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Para ello, “hemos identificado los objetivos y las herramientas, se ha diseñado una planificación robusta, contamos con la certeza de que la transición energética tendrá impactos positivos sobre nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos que pueden empezar a materializarse de forma inmediata. Este proyecto otorga, por fin, un marco institucional a la acción que nos pide la ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca”, ha añadido.     

Hacia un modelo de desarrollo sostenible

Frente a la reactivación de la economía con la COVID-19, el proyecto permite aprovechar todas las oportunidades en términos de modernización de la economía, de la industria, de la generación de empleo y de la atracción de inversiones hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta. Lo hace en línea con el Pacto Verde Europeo, que será uno de los ejes del marco de recuperación que ultima la Comisión Europea. 

“Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, ha señalado Ribera.

La ley tiene como objeto facilitar que la economía española sea neutra en emisiones antes de mitad de siglo y recoge en un texto legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas públicas de adaptación al cambio climático. Todo ello para promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad.  

El PLCCTE incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. Su contribución conjunta y transversal, a lo largo de las próximas décadas, será decisiva para alcanzar el objetivo de neutralidad climática y les permitirá adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a la economía baja en carbono, que ya está en marcha.   

“Este texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las Administraciones Públicas. Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, ha señalado Ribera.  

El texto consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos. Es fruto de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019 y que ha contado con las aportaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado, entre otras instituciones. 

Objetivos para la neutralidad climática

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición ecológica fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:  

- Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.   

- Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100 % renovable.  

- Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20 % respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50 % y el 55 % de las emisiones respecto a los niveles de 1990.  

- Al finalizar la próxima década, como mínimo 35 % del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70 %.  

-  Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35 %. 

Fuente: MITECO
Derechos: Creative Commons.
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