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La idea de que urbanismo y corrupción van de la mano está extendida no sólo entre quienes estudian la materia, sino también entre toda la ciudadanía. Laura Pozuelo Pérez, del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aborda las diferentes formas de delincuencia que se pueden cometer en relación con el urbanismo y la ordenación del territorio, dentro de su investigación La respuesta penal a la delincuencia urbanística.
En primer lugar, la investigadora analiza los llamados 'delitos urbanísticos'. Éstos sancionan, por un lado, las construcciones en suelos de especial protección por parte de promotores, constructores y técnicos directores. Por otro, la prevaricación urbanística, cometida por la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, informe favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas, o bien resuelva o vote a favor de dicha licencia, ya sea por sí mismo o como miembro de un órgano colegiado.
En segundo lugar, Pozuelo ha estudiado las formas de delincuencia urbanística más graves. El delito de prevaricación administrativa en relación con la aprobación de planes urbanísticos contrarios a los intereses generales, y el delito de cohecho en relación con esta misma conducta, con la concesión de licencias urbanísticas ilegales y con el hecho de no ordenar la demolición de las construcciones ilegales o de no cumplir la orden de demolición cuando ésta sí existe. Respecto a estas formas delictivas, se han analizado los problemas que presentan en la práctica jurídica, y la investigadora aportan soluciones a las cuestiones a las que han de enfrentarse los aplicadores de la ley.
En relación con la problemática de la demolición (en realidad, de la no demolición) la experta ha estudiado la particular situación en España y, en especial, los procesos que conducen a no demoler las construcciones ilegales. "Esto plantea graves consecuencias, ya que de este modo no sólo se consolida la situación de ilegalidad, sino que, además, se fomenta la realización de infracciones urbanísticas".
En este ámbito se propone la utilización de alternativas penales infrautilizadas, como son, por un lado, la aplicación del delito de desobediencia de las órdenes de demolición, y por otro, y cuando ya no es posible la demolición, acudir a la institución del comiso de las ganancias ilegales obtenidas con la construcción ilegal.
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