La norma, que aún debe pasar el examen del Consejo Constitucional, responsabiliza a las plataformas de comprobar la edad de sus usuarios. El Gobierno francés prevé aplicarla desde el próximo curso y asegura que otros quince países europeos, entre ellos España, estudian medidas similares.
Más allá del impacto de los alojamientos de corta estancia con los que opera esta plataforma, la gentrificación urbana ha revalorizado los pisos de las ciudades europeas y se ha convertido en un fenómeno que afecta directamente al coste de vida de las personas locales.
