El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado que el aborto deje de ser un derecho constitucional. Ahora, cada estado podrá decidir si mantiene esta práctica o, por el contrario, la ilegaliza. La medida ha generado mucha polémica y diversos colectivos y entidades no han dudado en mostrar su rechazo, entre ellos, la Sociedad Española de Contracepción.
La normativa que se validará hoy trae consigo nuevas medidas para mejorar la carrera investigadora, retener y atraer talento y agilizar la transferencia del conocimiento científico.
Un estudio ha permitido diseñar en la ciudad de Nueva York dos intervenciones para reducir la ratio de incomparecencias judiciales por infracciones leves, evitando más de 30.000 órdenes de arresto en tres años. El éxito de las actuaciones se ha asegurado comunicando de manera clara cuándo y dónde acudir, y mandando recordatorios por SMS.
Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid han analizado la eficacia del sistema español para compensar a las víctimas de violencia sexual. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto europeo FAIRCOM.
Una investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya ha recopilado por primera vez los datos de asesinatos a víctimas masculinas y femeninas entre 1910 y 2014. El análisis ha identificado un aumento de la mortalidad femenina por homicidio a partir de los años 60 y lo vincula a la evolución del estatus de la mujer en la vida social.
Para medir el apoyo que tienen la eutanasia y el suicidio médico asistido en España, dos investigadores han analizado datos del CIS. Ambas opciones tienen un importante apoyo de la población española. Destaca el amplio respaldo que recibe la regulación de la eutanasia, incluso entre los individuos que se consideran católicos.
Una investigación de la Universidad de Granada destaca la necesidad de analizar la violencia ejercida por los hijos contra sus padres desde una perspectiva de género, ya que las víctimas más habituales en estos casos son las madres.
Seis universidades madrileñas están desarrollando el proyecto “Madrid Sin Barreras” para favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad. Analizan las normativas de accesibilidad en educación, empleo, movilidad y participación con el objetivo de mejorar la regulación existente.
Los niños y niñas con con discapacidades intelectuales, del desarrollo, cognitivas y psicosociales todavía se encuentran con dificultades a la hora de acceder a la Administración de Justicia en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio desarrollado en diez países europeos, incluida España.
