Kirk Bloodsworth fue el primer prisionero en ver revocada su pena de muerte con pruebas de ADN. Condenado en 1985, no salió en libertad hasta 1993. Métodos matemáticos desarrollados por investigadores estadounidensesindican que si todos los sentenciados a muerte de EE UU estuvieran bajo amenaza de ejecución de forma indefinida, al menos un 4,1% de las penas serían revocadas.

Durante las últimas décadas, los gobiernos han impulsado mandatos internaciones para garantizar la igualdad de género y que las mujeres sean protagonistas en la toma de decisiones para un desarrollo sostenible. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha presentado esta mañana en la cumbre del clima de Varsovia el primer índice que mide estos dos factores de forma conjunta. España ocupa el octavo puesto en el ranking de 72 países.

Elena Martínez comenzó su investigación estudiando fórmulas de resolución de conflictos como el arbitraje y la mediación. Se dio cuenta de que el Derecho Procesal podía aportar mucho a aquellas personas que parten de una situación de debilidad, concretamente el consumidor, la mujer maltratada y la persona investigada en un proceso penal. El Parlamento Europeo está concentrando sus esfuerzos en ampliar la protección de estos tres colectivos, y Martínez colabora con investigadores de toda la UE para implantar una nueva regulación transfronteriza.

Rafael de Asís Roig (Granada, 1963) es miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Autor de una decena de libros y coautor de otros tantos, ha impartido cerca de dos centenares de conferencias, en la actualidad su interés investigador se centra en el estudio de la igualdad y no discriminación, los derechos de las personas con discapacidad y la interpretación y argumentación jurídica. El próximo viernes 27 de septiembre de 2013 participa en la tertulia que se celebra en el marco de la Noche de los Investigadores de Madrid bajo el título: “Los robots y las leyes del futuro”, un encuentro entre científicos, tecnólogos y legisladores para analizar los retos del Derecho ante avances tecnológicos.

Atendiendo a cinco variables, se podría predecir el 80% de las renuncias, lo que permitiría actuar antes de que abandonen el proceso judicial, según un informe de la Universidad de Sevilla.

Organismos decisivos como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cuentan entre sus filas con profesores universitarios. Es el caso de Mariano Bacigalupo, profesor del departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Tras más de seis años en el órgano regulador, Bacigalupo se reincorpora a la universidad, al tiempo que colabora en la consultoría de un despacho de abogados, compaginando así docencia, investigación y transferencia de conocimiento.

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han analizado, desde la perspectiva del derecho del consumo, las prácticas engañosas y desleales que propicia el switching cost, es decir, el coste que entraña cambiar de proveedor de servicios como los seguros, las telecomunicaciones o la energía.